Revelan Esquema de Fraudes en el Gobierno Estatal de Veracruz
Un informe reciente ha destapado un complejo esquema de fraudes dentro de la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, donde funcionarios estatales habrían utilizado a jóvenes beneficiarios de programas sociales como representantes legales de una red de 227 empresas fantasma. Este entramado ha tenido un impacto significativo en la gestión gubernamental, dejando en la sombra más de cinco mil millones de pesos desviados del erario público entre 2019 y 2022.
Las investigaciones indican que los jóvenes, inscritos en programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, se encontraron involucrados en contratos millonarios, a pesar de no tener experiencia empresarial. La estructura corrupta consistía en adjudicar contratos directos a estas entidades ficticias, que operaban únicamente en papel, con direcciones fiscales que correspondían a domicilios particulares o comercios de barrios populares.
Uno de los casos más notorios es el de Misael Carmona Medina, un joven de 29 años que, a pesar de no tener experiencia en mantenimiento de equipos médicos, recibió un contrato de más de 22 millones de pesos. Carmona presentó documentos falsos y utilizó un RFC incorrecto, revelando las deficiencias en la supervisión gubernamental.
Otro ejemplo significativo es el de Bethy Torres Hernández, empleada de la Secretaría de Salud de Veracruz (Sesver), quien recibió un contrato por más de un millón de pesos para servicios de mantenimiento de equipos médicos, también sin la debida experiencia. A pesar de su salario mensual de 16 mil pesos, la adjudicación se realizó de manera directa, reflejando la falta de controles en el proceso.
La profesora Araly Rodríguez Vez también está implicada, habiendo recibido 39 contratos que suman más de 100 millones de pesos, mayormente otorgados por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública. La dirección fiscal de Rodríguez corresponde a una pequeña tienda de barrio en Poza Rica, lo que pone de manifiesto la naturaleza fraudulenta de estas contrataciones.
El gobierno estatal ha sido señalado por desviar estos recursos a través de contratos con empresas sin actividad real. Una de las entidades involucradas, Catoch Constructora, ha sido responsable de más de 31 millones de pesos en contratos, la mayoría otorgados sin licitación. Los accionistas de esta empresa son jóvenes beneficiarios de programas sociales, lo que sugiere un patrón sistemático en la creación de esta red de corrupción.
Los contratos, que variaban entre 500 mil pesos y varios millones, fueron otorgados en su mayoría mediante adjudicaciones directas, y los servicios prometidos nunca se materializaron, lo que facilitó la desaparición de las huellas del dinero desviado.
A pesar de la magnitud del escándalo y el desfalco, hasta la fecha no se han iniciado investigaciones exhaustivas para rastrear el destino de los más de cinco mil millones de pesos que se han perdido en este entramado de corrupción. La falta de rendición de cuentas y medidas concretas por parte del gobierno de Cuitláhuac García plantea serias dudas sobre la integridad de la administración estatal.
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