Más de la mitad de los jueces federales rechazan participar en elecciones judiciales

Más de la mitad de los jueces federales rechazan participar en elecciones judiciales

Más de la mitad de los jueces y magistrados federales activos en México han decidido declinar su participación en el proceso electoral establecido por la reforma judicial. De un total de 1,683 juzgadores en funciones, 827 han renunciado a participar, lo que representa el 49.14% del total. La cifra incluye 333 jueces y 487 magistrados, además de ocho ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este rechazo se produce en el marco de la reforma judicial que contempla un sistema de selección por insaculación para la elección de diversos cargos judiciales. Entre las renuncias destaca el hecho de que 68 jueces y 146 magistrados pertenecen a un grupo cuyos cargos no estaban sujetos a insaculación hasta el año 2027. Esta decisión refleja una declinación adicional de 14.7% en comparación con las 721 plazas que fueron insaculadas para el proceso extraordinario de 2025.

El Senado de la República informó que, además de estas renuncias formales, existen 7 declinaciones adicionales que llegaron fuera del plazo establecido. Los jueces y magistrados tenían hasta el 30 de octubre para presentar su renuncia ante el Senado, y el lunes 4 de noviembre comenzó el trabajo del Comité de Evaluación de Candidaturas Judiciales, que será responsable de iniciar el proceso de selección de postulantes.

Proceso electoral judicial en marcha, pero con incertidumbre jurídica

El Comité de Evaluación publicará la convocatoria oficial el martes 5 de noviembre, y las personas interesadas podrán registrarse para participar en el proceso de selección de nuevos jueces y magistrados. El 15 de diciembre se publicará la lista preliminar de aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales, seguida de una evaluación de idoneidad y un proceso de depuración mediante insaculación, con el objetivo de enviar la lista final al poder correspondiente para su aprobación.

A partir de ahí, el Senado integrará los expedientes de los postulantes y los enviará al Instituto Nacional Electoral (INE) el 12 de febrero de 2025 para organizar la jornada electoral del primer domingo de junio del mismo año.

Los cargos a elegir en este proceso electoral extraordinario son numerosos y abarcan puestos en diversos tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y tribunales colegiados de circuito, así como jueces de distrito.

Controversias y desafíos judiciales

El proceso electoral se ha visto empañado por una serie de impugnaciones y desafíos legales relacionados con la reforma judicial, que aún enfrenta resistencia en diversos sectores del poder judicial. La semana pasada, el Tribunal Electoral resolvió otorgar certeza jurídica al Instituto Nacional Electoral (INE) para que continúe con los preparativos del proceso, que se celebrará por primera vez en junio de 2025. Sin embargo, las actividades del INE se mantienen en pausa debido a desacuerdos internos entre los consejeros sobre los alcances de la sentencia.

Este 5 de noviembre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia discutirá el proyecto de sentencia presentado por el ministro Juan Luis González Carrancá, que aborda varias de las acciones inconstitucionales impuestas contra la reforma. Entre las propuestas se encuentra la validación de aspectos clave de la reforma, como la elección de ministros, la extinción de fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, se propone anular la elección de jueces y magistrados, así como la figura de los "jueces sin rostro", que ha sido uno de los puntos más polémicos de la reforma.

Reacciones políticas y judiciales

Este proyecto de sentencia ha generado reacciones tanto dentro del ámbito judicial como en el plano político. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con la propuesta del ministro González Carrancá, señalando que el máximo tribunal no debe asumir funciones legislativas. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que la Corte no tiene la facultad de legislar, y consideró que el proyecto de sentencia va más allá de su competencia, ya que se presenta en un contexto de amparos de personas que no tienen la legitimidad para impugnarlos.

La discusión sobre la reforma judicial, que ha dividido a los actores políticos y judiciales del país, sigue siendo uno de los temas más trascendentales en la agenda nacional. Con el inicio de los trabajos del Comité de Evaluación y el calendario electoral ya establecido, el proceso de transformación del sistema judicial mexicano entra en una fase crucial, que definirá el futuro de las instituciones y el acceso a la justicia en el país.