La "supremacía constitucional" avanza a la Cámara de Diputados

La "supremacía constitucional" avanza a la Cámara de Diputados

El próximo domingo 27 de octubre, la Cámara de Diputados podría discutir y votar sobre la denominada "supremacía constitucional", que implica modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución. Estas reformas tienen como objetivo prevenir la impugnación de reformas constitucionales.

El diputado morenista Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, confirmó que la minuta ya ha sido enviada a la Mesa Directiva, la cual la canalizará a la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Leonel Godoy. Esta comisión se instaló hoy con la participación de 27 de sus 50 miembros y será responsable de elaborar el dictamen correspondiente.

“Hoy mismo se remite a los diputados y se convoca a reunión de la Comisión. Puede ser el sábado, el domingo o el lunes, según lo decidan. Al reunirse el domingo, se debe dar publicidad al dictamen”, afirmó Monreal.

El legislador también enfatizó que se seguirán todos los procedimientos legales necesarios para asegurar una discusión amplia, garantizando que las comisiones y el Pleno tengan claridad sobre el tema. Reconoció las reacciones de la oposición, pero defendió la necesidad de avanzar: “Ellos saben lo que significa la Cámara, donde la mayoría calificada decide”.

Monreal argumentó que es hora de que la Constitución limite las acciones de las autoridades judiciales que, según él, han intentado admitir amparos de manera ilegal y otorgar suspensiones definitivas sin contar con las facultades adecuadas.

El Senado aprueba la “supremacía” constitucional

Este viernes, el Senado aprobó el dictamen que busca establecer la improcedencia de amparos y controversias en torno a reformas constitucionales. Con 85 votos a favor y 41 en contra, los senadores respaldaron la reforma a los artículos 105 y 107 en medio de una controversia que subraya el intento de reforzar la soberanía del poder legislativo frente al judicial.

La medida se plantea como un mecanismo para proteger reformas constitucionales recientes, como la elección de jueces, que ya ha enfrentado al menos dos suspensiones por parte de jueces federales, además de otras propuestas que buscan eliminar órganos autónomos. Esta situación ha sido objeto de críticas en el contexto de acusaciones sobre la corrupción y la falta de imparcialidad del Poder Judicial.