Gobierno mexicano admite falta de diagnóstico previo a la reforma judicial, ante la CIDH
Organizaciones civiles, colectivos de víctimas, expertos en derechos humanos y operadores de justicia alzaron la voz en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para expresar su creciente preocupación por los posibles efectos negativos de la reforma judicial recientemente aprobada en México.
Durante la audiencia, Marisol Méndez, coordinadora de incidencia de Fundación para la Justicia, subrayó que, si bien el país requiere una reforma integral al sistema de justicia, la actual modificación no aborda los problemas más urgentes. “El acceso a la justicia no es equitativo. Más del 90% de los delitos quedan impunes, pero la reforma no plantea soluciones para mejorar las fiscalías, las defensorías públicas ni ampliar el acceso a la justicia”, afirmó Méndez, quien criticó que la reforma no resuelve las deficiencias estructurales del sistema.
Otro de los puntos más controversiales abordados durante la audiencia fue el impacto que tendrá el proceso de destitución masiva de jueces programado para los años 2025 y 2027. Según los datos presentados, al menos 346 mujeres juezas y magistradas perderán sus cargos, lo que podría revertir los avances logrados en términos de equidad de género dentro del Poder Judicial.
Gloria Angélica Corroy Laguna, representante de los trabajadores del Poder Judicial, denunció que la implementación de la reforma ha conllevado a la desaparición de la carrera judicial y al despido de miles de empleados, lo que ha generado incertidumbre y desestabilización en el sistema.
Manuel Saturnino Ordóñez, secretario del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, solicitó al gobierno mexicano elaborar y publicar un informe detallado sobre los alcances de la reforma. Además, instó a que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervengan para evaluar los riesgos que la reforma representa para la independencia judicial y la división de poderes.
En su intervención, Emilia Molina, magistrada federal y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, criticó la falta de fundamento y metodología del discurso oficial. “El Estado está utilizando un discurso sin diagnóstico claro”, señaló, y agregó que la narrativa gubernamental sobre la liberación de delincuentes ignora principios fundamentales como la presunción de inocencia. “Las personas juzgadoras no liberan delincuentes. Si no se ha demostrado la culpabilidad, todos son inocentes”, destacó Molina.
Finalmente, José Antonio Montero, representante del gobierno mexicano ante la CIDH, reconoció durante la audiencia que no existió un diagnóstico previo formal para la modificación constitucional. No obstante, justificó que desde 2017 se han realizado diversos análisis y diagnósticos que apuntan a la necesidad de una reforma al Poder Judicial. “No existe un diagnóstico específico; sin embargo, existen análisis previos que fundamentan la necesidad de esta reforma”, indicó Montero.
La audiencia concluyó con un llamado a la reflexión sobre el impacto a largo plazo de las reformas propuestas y la urgencia de una evaluación profunda que asegure su efectividad sin comprometer los principios fundamentales del sistema judicial mexicano.
Commentaires