El siguiente paso en la militarización de la Guardia Nacional

El siguiente paso en la militarización de la Guardia Nacional

La mayoría parlamentaria de Morena, junto con sus aliados del PT y PVEM, se prepara para impulsar en la Cámara de Diputados una serie de reformas constitucionales que modificarían 12 artículos de la Carta Magna, con el fin de consolidar un modelo militar en la Guardia Nacional (GN) y ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el proyecto de decreto, las reformas a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución están orientadas a adscribir formalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Asimismo, se busca definir a la GN como una fuerza de seguridad pública permanente, de origen militar y con formación policial, que se encargue de ejecutar las políticas de seguridad pública del país.

El paquete de reformas también incluiría restricciones para aquellos que aspiren a ocupar un cargo en el Congreso de la Unión, prohibiéndoles formar parte de la GN hasta seis meses antes de la elección. Además, el Poder Legislativo tendría facultades para emitir disposiciones secundarias que regulen la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en tareas de seguridad ciudadana.

Otro punto clave es que se facultaría al Congreso y al Senado para ratificar los nombramientos de los altos mandos de la GN propuestos por el presidente. Asimismo, se otorga al Ejecutivo la facultad de disponer de la Guardia Nacional para asuntos de seguridad interior y defensa exterior, en caso de considerarlo necesario. En paralelo, se equipararían los derechos y prestaciones de los miembros de la GN con los de las Fuerzas Armadas, y se les obligaría a responder ante el fuero militar en cuestiones disciplinarias.

Este conjunto de reformas tiene como objetivo fortalecer la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y el respeto a los derechos humanos, en un contexto de creciente actividad del crimen organizado. El dictamen destaca que, desde 2007, el crimen organizado ha tenido un profundo impacto en la vida social, política y económica del país, siendo una amenaza para la seguridad y el desarrollo de diversas regiones.

Según el dictamen, las actividades delictivas abarcan desde la producción y tráfico de drogas hasta delitos como el secuestro, la trata de personas y el robo de hidrocarburos. Además, menciona el impacto negativo que el constante flujo de armas, principalmente provenientes de Estados Unidos, ha tenido en el nivel de violencia en el país.

El documento también se apoya en datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del último trimestre de 2023, que muestra que un 74% de la población percibe como efectivas las labores de la GN. Las fuerzas armadas, como la Armada y el Ejército, registran aún mayores niveles de aprobación con 85.6% y 83.5%, respectivamente, en comparación con las policías estatales y municipales, que cuentan con índices más bajos.

Finalmente, las reformas propuestas aclaran que, aunque la GN estaría adscrita a la Sedena, su función no será la de un cuerpo militar en situaciones de guerra, sino que su labor se regirá por principios de seguridad pública y respeto a los derechos humanos, como parte de una estrategia integral de seguridad.