"El Gobierno Estatal Abandonó a los Enfermos de VIH": Acusa Patricia Ponce
La coordinadora del Grupo Multisectorial de VIH y SIDA, Patricia Ponce Jiménez, acusó al gobierno de Veracruz de desatender a las personas con VIH, al dejar de asignar recursos al Programa Estatal para el tratamiento de esta enfermedad. En su intervención, Ponce advirtió que, sin los 400 millones de pesos destinados por la Federación para los tratamientos, muchos de los pacientes habrían muerto debido a la falta de compromiso del gobierno local.
Ponce Jiménez, quien también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y galardonada con el Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2017, cuestionó duramente la falta de acción del gobernador Cuitláhuac García ante esta crisis. “¿Cuándo ha salido el Gobernador de Veracruz a posicionarse sobre el tema?”, cuestionó la activista, subrayando la grave omisión del mandatario estatal frente a la epidemia.
La investigadora resaltó que la falta de apoyo institucional es una de las principales razones por las cuales Veracruz mantiene el primer lugar en mortalidad a causa del VIH en el país. Además, el estado ocupa también el primer lugar en mortalidad femenina y en mortalidad de mujeres embarazadas con VIH. "El Congreso del Estado lleva años sin destinar recursos etiquetados al Programa Estatal de VIH", denunció Ponce, añadiendo que, aunque la Secretaría de Salud estatal afirma lo contrario, la realidad es otra.
Desinformación y Falta de Recursos
Ponce Jiménez también alertó sobre la desinformación que circula respecto a la mortalidad por VIH en Veracruz. La activista rechazó la narrativa oficial que asegura que los pacientes ya no mueren a causa del VIH, calificándola de "mentira". “Veracruz sigue teniendo el primer lugar nacional en mortalidad por VIH, y si no fuera por los medicamentos enviados por la Federación, la situación sería mucho más grave”, subrayó.
La coordinadora destacó que, si bien existen recursos federales para el tratamiento de personas con VIH, no hay una atención integral adecuada. “El gobierno estatal recibe cerca de 400 millones de pesos para los medicamentos antirretrovirales, pero eso no es suficiente. No hay inversión en prevención, ni campañas de concientización, ni distribución de condones, ni pruebas de detección oportuna", explicó. Además, señaló que, en muchas ocasiones, los recursos destinados para el programa no son utilizados de manera eficiente, con una asignación de solo 5 millones de pesos cuando el programa podría recibir hasta 20 millones.
Desigualdad en la Atención y Prevención
Ponce también criticó la falta de programas de prevención y atención oportuna. Mencionó que no se están distribuyendo condones en las universidades y que las pruebas de detección de VIH son escasas y están mal distribuidas, con muchas de ellas confinadas en las Jurisdicciones Sanitarias sin ser acercadas a la población. "Antes se hacían pruebas de detección en las plazas públicas, pero ahora todo está limitado y no hay campañas contra la discriminación", aseveró.
La coordinadora también cuestionó la falta de capacitación entre los profesionales de la salud, recordando que, en 2023, la Secretaría de Salud Federal ofreció un curso gratuito sobre VIH para trabajadores de salud, pero ninguno de los empleados estatales asistió. "No les importa, no hay inversión, no hay capacitación del personal, ¿cómo quieren que no sigamos siendo el primer lugar en mortalidad por VIH?", lamentó.
Un Llamado Urgente a la Acción
Patricia Ponce participó recientemente en la presentación del XIX Seminario de Antropología del Envejecimiento y Vejez, donde destacó la importancia de una atención integral a las personas con VIH, especialmente en el contexto del envejecimiento. Ponce también recordó que, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), 2023 estaba previsto como el año en que se pondría fin a la epidemia, pero lamentó que, con la falta de políticas públicas y recursos adecuados, esta meta parece cada vez más lejana.
La activista concluyó haciendo un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que asuman su responsabilidad en la lucha contra el VIH, no solo mediante la entrega de medicamentos, sino también con un compromiso integral hacia la prevención, la atención y la erradicación de la discriminación. "La vida de miles de personas está en juego", sentenció.
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