Desacato a amparos podría generar crisis constitucional, advierten expertos

Desacato a amparos podría generar crisis constitucional, advierten expertos

Los reiterados desacatos a las suspensiones judiciales relacionadas con la reforma al Poder Judicial están llevando a México hacia una crisis tanto constitucional como democrática, según especialistas.

María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores (AMJ), enfatizó la necesidad de cumplir con todas las órdenes judiciales para preservar el estado de derecho, subrayando que no se pueden seleccionar cuáles acatar. “La omisión del Legislativo y del Ejecutivo frente a las suspensiones promueve una situación donde el más fuerte decide”, advirtió.

Molina hizo hincapié en que no se debe permitir un ambiente de “ley de la selva” donde cada quien actúe por su cuenta. Aseguró que las autoridades tienen la obligación de obedecer los mandatos judiciales para sostener una democracia constitucional. “Una vez que una resolución es firme, la única respuesta posible es cumplirla. Esto es un verdadero estado de derecho”, sentenció.

La magistrada expresó su preocupación por el desprecio abierto hacia las decisiones judiciales, señalando el cinismo de afirmar que no se acatarán los mandatos.

Por su parte, Marco Baños, exconsejero electoral, alertó sobre las consecuencias de estas omisiones, que presagian un futuro complicado para cualquier decisión de un juzgador. “Cualquier situación que incomode al gobierno será desestimada bajo el argumento de ilegalidad”, indicó.

Baños criticó también que el Instituto Nacional Electoral (INE) deba cubrir el vacío legal en la elección de jueces y magistrados, subrayando que las normas secundarias que podría emitir el Congreso podrían entrar en conflicto con los criterios del INE.

El académico Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expresó su preocupación por la normalización del desacato a decisiones judiciales. “No es aceptable que los poderes públicos ignoren las suspensiones, independientemente de sus preferencias sobre ellas”, afirmó.

Reyes concluyó que si se establece un contexto donde las decisiones judiciales son opcionales, el país habrá transitado hacia un modelo donde el poder político define qué se puede y qué no se puede hacer.