Campesinos denuncian extorsión por parte de técnicos de “Sembrando Vida”
Campesinos de la región de las Altas Montañas han denunciado a técnicos del programa federal Sembrando Vida, acusándolos de extorsión mediante cuotas que alcanzan hasta 54 mil pesos. Según los denunciantes, estos pagos son exigidos para financiar la Feria del Bienestar, cubrir gastos de viajes y adquirir herramientas necesarias.
Los trabajadores del gobierno federal también están señalados por obligar a los beneficiarios del programa a realizar prácticas de siembra cuestionables, como quemar cerros en las Altas Montañas para cultivar maíz, bajo la premisa de cumplir con normativas de siembra. Los campesinos aseguran que los técnicos, identificados como Moisés Agustino y Amelia Romero, los amenazan con ser dados de baja del programa si no obedecen sus instrucciones.
Los denunciantes explican que las cuotas exigidas por los técnicos son justificadas como esenciales para el funcionamiento de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), que operan en la región de Atzacan, municipio cercano a Orizaba. Sin embargo, estas tarifas no están contempladas en las directrices oficiales de Sembrando Vida. “Muchos temen ser excluidos del programa y ceden ante las presiones, pero no todos lo hacen. Vivimos con la amenaza constante de los técnicos y algunos miembros de los comités de la región”, comentó uno de los afectados.
Además de las altas cuotas, los campesinos afirman que los técnicos solicitan pagos adicionales de más de 200 pesos para viajes de delegados y contribuciones para herramientas, plantas y una cuota mensual para gastos del CAC. “Es injusto; no somos ricos, somos campesinos. En lugar de ayudarnos, nos presionan para cumplir sus órdenes bajo la amenaza de ser excluidos”, lamentó un afectado.
Algunos denunciantes expresaron su preocupación por la posible ignorancia de la coordinadora regional de la Secretaría del Bienestar sobre estas prácticas. Aseguran que los técnicos han eliminado del padrón a varios beneficiarios, coaccionándolos a firmar su baja voluntaria para evitar un proceso administrativo.
“Ellos ganan más de 35 mil pesos mensuales, pero no contribuyen a las Ferias del Bienestar; todo lo cubrimos nosotros, los sembradores”, concluyeron. Este tipo de prácticas ilegales podría erosionar la confianza en los programas federales diseñados para mejorar las condiciones del campo mexicano, por lo que los campesinos demandan una intervención urgente de las autoridades competentes.
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